Nos desayunamos hoy con la noticia en Las Provincias de que la intervención del ayuntamiento de Chiva ha interpuesto 17 reparos de legalidad a otras tantas facturas de un bufete de abogados, o como les gusta denominar a estos hechos a todos estos chicos/as que presumen de mayoría absoluta, por asesoría externa.

Lamentablemente los temas de asesoría externa en el ayuntamiento de Chiva, con Haro, empiezan a oler casi tan mal como las aguas de la balsa de la plaza, no era suficiente la contratación con otra empresa, a la que se ha abonado desde el año 2007 al 2011 (324.000 euros, casi 54 millones de pesetas), que ahora resulta que tambien tiene otra empresa contratada para la misma función, esta al parecer superará a la anterior en costes; menos mal que las dos están establecidas en el mismo edificio y propiedad de parientes de Haro, así no se perderá cuando tenga que ir a consultar algo ¡están en el mismo lugar y además conocía el sitio donde se encuentran!

Bromas aparte, y teniendo en cuenta que el ayuntamiento de Chiva cuenta con el mayor número de abogados, por metros cuadrado, de todos los ayuntamientos de España, esto huele muy pero que muy mal ¿tanta asesoría externa es necesaria? ¿que pasa con la asesoría que brinda Diputación y Generalitat para representar a los ayuntamientos y que también estamos pagando? ¿porqué se recurre a asesoría privada y no a la pública? ¿que función desempeñan los licenciados en derecho que forman parte de la plantilla del ayuntamiento? ¿que hacen?

Todas estas preguntas requieren ser respondidas y aclaradas, de forma convincente, no podemos seguir despilfarrando dinero público en asesorías externas que, al parecer, no sirven más que para apuntalar posturas chulescas y despreciativas de quienes les contratan, en detrimento de la oposición y de los ciudadanos de Chiva.

Esperamos y, (entendemos no es necesario recordar) deseamos que de la misma forma que la intervención del ayuntamiento interpone reparos de legalidad, envie todos los reparos interpuestos a la Sindicatura de Comptes, encargada de que velar por el estricto cumplimiento legal de las cuestiones económicas en los ayuntamientos, de lo contrario quedaría en papel mojado.